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El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos
en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO
viene denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de
CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y
Seguimiento de las Mutuas hemos exigido la corrección de las irregularidades
denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.
Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes
de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del
gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como
consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social,
se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al
erario público.
La Administración ha articulado de forma insuficiente la
tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio
de “paga y reclama”, comprometen
pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama
por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, estas han alcanzado
cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y
recursos.
El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas
también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última
instancia, el Tribunal Supremo, desestimara los recursos contra los ajustes
realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles
“derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro
país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios
miles de puestos de trabajo.
Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de
estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y
las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y
comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010
y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios
públicos.
Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento,
órgano interno de las Mutuas en el que participamos los agentes sociales, para
supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un
control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a
las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad
Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.
A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración
de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los
Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la
gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la
adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la
prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común,
basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos
han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de
fondos de la
Seguridad Social , afirmación que ahora vuelve a quedar en
tela de juicio.
Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas
entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de
atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración
Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas,
eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas
ponen en entredicho.
CCOO reclama hoy, como viene haciendo desde hace mucho
tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades
colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas
competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar
un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades
que permita afrontar, desde el consenso, la necesaria reforma de las Mutuas.
CCOO
exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para
conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una
mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las
mismas
