Para CCOO y UGT el texto final del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que ha debatido la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, es producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos más conservadores de la cámara, recorta los derechos de los trabajadores, facilitando, abaratando y agilizando los despidos, y amplía el poder empresarial. Ambos consideran que el texto de este proyecto de ley significa el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años y constata la sumisión del Gobierno, a los poderes financieros. Este atropello social hace más necesaria si cabe la Huelga General convocada para el próximo 29 de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma.
Al igual que ocurrió en julio en el Congreso de los Diputados, la votación definitiva en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley, porque se avanza en la desregulación de derechos laborales, propicia un despido más fácil, rápido y barato y aumenta el poder empresarial.
En el plazo de presentación de enmiendas del Senado, que terminó el 12 de agosto, la mayoría de los partidos han mantenido las modificaciones que propusieron en el Congreso de los Diputados, y que allí no salieron adelante. Por su parte ERC e ICV han presentado sendas propuestas de veto que han sido finalmente rechazadas
UGT y CCOO consideran, por tanto, que el texto de la reforma que ha debatido el Senado es producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos más conservadores de la cámara y sigue significando el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años. Denota además, la sumisión de un Gobierno, sustentado por un partido progresista, a los poderes financieros.
El texto del Senado, en línea con lo aprobado por el Congreso, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciendo el despido más fácil, rápido y barato; no aborda la lucha contra la excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, hace más vulnerable el empleo fijo; y dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales.
Se avala también la legalización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, atribuyéndolas competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo y, en lugar de incentivar y reconducir las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a las personas desempleadas al reducirse el periodo que tienen para rechazar ofertas de 100 a 30 días.
Por tanto, esta reforma a la carta de las posiciones más neoliberales, ahonda en la desregulación laboral, apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los trabajadores y no ayuda al necesario cambio de nuestro modelo productivo, imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo. Un modelo productivo que impulse el empleo de calidad, la formación y la innovación.
En definitiva, lo aprobado por el Senado con el voto favorable del PSOE, la abstención de CiU y PNV y el voto en contra del PP, hace más necesaria que nunca la Huelga General del 29 de septiembre, convocada por CCOO y UGT. Hay que parar esta reforma laboral, que supone una regresión de los derechos laborales y sociales y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo.
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