Por fin, los firmantes del convenio de grandes almacenes han acordado la subida salarial para el 2012. Decimos acordado, porque entre lo que dice el convenio que deben de subir y el acuerdo final al que han llegado no coinciden. Deciden que la subida de este año en el sector es de un 1,3%, exclusivamente en el salario base. Para llegar a esta conclusión se justifican: no hay presupuestos generales del estado y tampoco hay IPC previsto, el salario mínimo interprofesional está congelado y las pensiones se han subido un 1%.
El convenio colectivo establece que la subida salarial para el año 2012 será la media entre el IPC real del año 2011 y el IPC previsto del 2012, pudiéndose reducir según las ventas. En el año 2011 el IPC real fue de un 2,4% y al no tener datos, según ellos, en un "alarde de generosidad" estiman que como dato del 2012 se toma el 0,5% (la media entre lo que ha subido el salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones), y tras aplicar el coeficiente reductor que viene en el "Pacto por el empleo" del convenio, sale como resultado el 1,3%.
Es muy sorprendente esta aplicación pues para aplicar la subida del año pasado, tampoco había fijado IPC previsto y se utilizo la subida de las pensiones para hallar el porcentaje de subida. Esto fue debido a que según jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando no hay IPC previsto, se toma como referencia la subida de las pensiones, es decir, 1%, lo que daría como resultado un incremento mayor que sería de un 1,5%, cuestión muy importante para los trabajadores y trabajadoras del sector, ya que llevan cuatro años con el resto del salario congelado.
Antes de llegar a esta conclusión, utilizan el acuerdo que ha firmado CCOO, UGT y la CEOE como pantalla de humo, para después manipulando de manera interesada los datos económicos que existen JUSTIFICAR una subida más baja que correspondería después de aplicar la redacción tan enrevesada del convenio.
Una vez más, las empresas de este sector y sus departamentos sindicales utilizan los convenios colectivos para beneficiar a una sola parte, que como queda demostrado no es la de los trabajadores y trabajadoras.
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