La Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos rechaza los recortes de los servicios públicos por ineficaces: la mayoría no supondrán un ahorro real del gasto, por injustos: porque privan el acceso a una sanidad, educación y atención a la dependencia de calidad al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables, y porque además de insolidarios, promueven que cada cual se pague lo suyo.
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Reunión de la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar (junio 2012)
Desde la Plataforma Social en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, rechazamos los recortes de los servicios públicos que se están realizando porque son ineficaces, la mayoría no supondrán un ahorro real del gasto, son injustos, porque priva del acceso a una sanidad, educación y atención a la dependencia de calidad al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables (ancianos, enfermos y parados), además de insolidarios, promueve que cada cual se pague lo suyo (copago sanitario y en dependencia, eliminación de ayudas y becas de estudio, etc ).
El Gobierno sigue en su errática estrategia de reducir el gasto de las arcas públicas a costa de aumentar el gasto de las familias. Recaudar más dando menos servicios, es decir, el ahorro del mal gestor. La simpleza de estas propuestas nos lleva a pensar que sobra la mayoría de los cargos ministeriales y de CC.AA.
La presión sobre los ciudadanos que viven en las ciudades y en los pueblos cada vez se hace más insoportable, cada vez se reducen más sus ingresos, gracias a la reforma laboral y a la supresión de la paga extra, al tiempo que aumentan sus gastos: subida del IVA, IRPF, gastos corrientes (luz, agua, gas), aumento del copago de los medicamentos y prestaciones sanitarias y de dependencia; educación cada vez más cara, y obligatoriedad de cotizar a los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
El derecho a la protección de la salud que reconoce el artículo 43 de la Constitución Española va camino de ser algo del pasado. Formalmente el derecho se mantiene, pero la obligación de los poderes públicos de garantizarla cada vez es menor. Pagamos por las prótesis o los medicamentos, en ocasiones el total de su coste, se ha empezado a cobrar por prestaciones hasta ahora gratuitas (ya pagadas a través de los impuestos) como el transporte sanitario y se estudia reducir los tratamientos y pruebas diagnósticas que hasta ahora incluía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Los recortes en pruebas diagnósticas incrementarán el número de ciudadanos que enfermarán (la incidencia de las enfermedades) así como empeorarán los pronósticos de las enfermedades (diagnósticos tardíos), por tanto, se ahorrará en prevención, pero se incrementará el gasto de los tratamientos, al final el ahorro será nulo y se empeorará la salud de la población. Lo mismo pasará con el recorte en ciertos tratamientos como la rehabilitación funcional que incrementará los tiempos de recuperación, más tiempo en situación de baja laboral, de tratamiento, más posibilidades de convertir en crónico episodios agudos. De continuar con esta dinámica, al final todos terminaremos obligados a realizar un "convenio especial" para poder tener una asistencia sanitaria con garantías.
Se expulsa o se reduce drásticamente la atención sanitaria a centenares de miles de inmigrantes, que quedan al margen de un derecho esencial, dificultando aun mas su integración en la sociedad española. La educación obligatoria sigue siendo "gratuita", pero cada vez cuesta más a los ciudadanos. Las ayudas de estudios, libros y comedor se han suprimido o restringido tanto que solamente se puede tener acceso a las mismas si se está en riesgo de exclusión social, lo que pone en serios aprietos a las familias más desprotegidas (desempleados), ya que no tienen recursos para la compra del material (especialmente los libros de texto). La eliminación o restricción de las ayudas de comedores complicará la búsqueda de empleo a los parados, sobre todo a las familias monoparentales, cada vez más habituales. Todavía más grave es la situación del alumnado universitario o FP cuya posibilidad de continuar con su formación estará absolutamente asociada a los recursos financieros de los padres después del brutal incremento de las matriculaciones y la restricción de las becas de estudios.
No hay ciudadanos más vulnerables que los dependientes, también a estos se les recorta derechos, se reducen prestaciones económicas, aumenta el copago, y además a sus cuidadores no profesionales, generalmente familiares que dedican su vida al cuidado de estas personas, abandonando el mercado laboral, las obligaciones de cotización que se les quiere imponer les imposibilitará que el tiempo dedicado a estos cuidados se reconozca como tiempo trabajado a efectos de futuras pensiones.
Por todo ello, la Plataforma Social invita a toda la ciudadanía a participar en la marcha a Madrid convocada por la Cumbre Social, para el próximo 15 de septiembre
La Plataforma Social está compuesta por:
- CCOO, UGT - COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos - FAISS Federación Asociaciones Inspección de Servicios Sanitarios - ASOCIACIÓN DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES - Federación Asociaciones en Defensa Sanidad Pública (FASPU) - Asoc. Unificada de Militares Españoles (AUME) - Asoc. Unificada Guardias Civiles (AUGC) -Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) - Consejo de la Juventud de España (CJE) - Federación Mujeres Separadas y Divorciadas - Unión Federal Policía (UFP)- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR -Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) - Coordinadora ONG Desarrollo España -Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) - Sindicato Unificado de Policía (SUP) - Economistas Frente a la Crisis - FACUA - Consumidores en Acción -Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) - Colectivo Lorenzo Luzuriaga - Fundación Mujeres - Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) - Federación de Asociaciones de Mujeres de la Economía Social (ESFERA) - Asociación Mujeres Opañel - Federación Mujeres Progresistas -Unión de Guardias Civiles (UGC) - Amigos de la Tierra - ISCOD - UPA - Paz y Solidaridad - ARI PERU - Asociación Española Tecnicos de Radiología - Federación de Artistas del Estado Español - Movimiento Laico y Progresista - Plataforma 2015 y Más - Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) - Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica - Plataforma No Gracias - Asociación de Técnicos de Laboratorio (AETEL) - ACSUR - Las Segovias - Liga Española de la Educación y la Cultura Popular -Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) -Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) - Las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción - Fundación Educación y Ciudadania -ATTAC - Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES) - Asociación Progresista de España - Secretaría de Comités Oscar Romero del Estado Español - Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) - Fundación Triángulo -Redes Cristianas - Socialismo 21 - UATAE - UPTA - MPDL - Consejo General de Trabajado Social - Bases en Red
El Gobierno sigue en su errática estrategia de reducir el gasto de las arcas públicas a costa de aumentar el gasto de las familias. Recaudar más dando menos servicios, es decir, el ahorro del mal gestor. La simpleza de estas propuestas nos lleva a pensar que sobra la mayoría de los cargos ministeriales y de CC.AA.
La presión sobre los ciudadanos que viven en las ciudades y en los pueblos cada vez se hace más insoportable, cada vez se reducen más sus ingresos, gracias a la reforma laboral y a la supresión de la paga extra, al tiempo que aumentan sus gastos: subida del IVA, IRPF, gastos corrientes (luz, agua, gas), aumento del copago de los medicamentos y prestaciones sanitarias y de dependencia; educación cada vez más cara, y obligatoriedad de cotizar a los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
El derecho a la protección de la salud que reconoce el artículo 43 de la Constitución Española va camino de ser algo del pasado. Formalmente el derecho se mantiene, pero la obligación de los poderes públicos de garantizarla cada vez es menor. Pagamos por las prótesis o los medicamentos, en ocasiones el total de su coste, se ha empezado a cobrar por prestaciones hasta ahora gratuitas (ya pagadas a través de los impuestos) como el transporte sanitario y se estudia reducir los tratamientos y pruebas diagnósticas que hasta ahora incluía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Los recortes en pruebas diagnósticas incrementarán el número de ciudadanos que enfermarán (la incidencia de las enfermedades) así como empeorarán los pronósticos de las enfermedades (diagnósticos tardíos), por tanto, se ahorrará en prevención, pero se incrementará el gasto de los tratamientos, al final el ahorro será nulo y se empeorará la salud de la población. Lo mismo pasará con el recorte en ciertos tratamientos como la rehabilitación funcional que incrementará los tiempos de recuperación, más tiempo en situación de baja laboral, de tratamiento, más posibilidades de convertir en crónico episodios agudos. De continuar con esta dinámica, al final todos terminaremos obligados a realizar un "convenio especial" para poder tener una asistencia sanitaria con garantías.
Se expulsa o se reduce drásticamente la atención sanitaria a centenares de miles de inmigrantes, que quedan al margen de un derecho esencial, dificultando aun mas su integración en la sociedad española. La educación obligatoria sigue siendo "gratuita", pero cada vez cuesta más a los ciudadanos. Las ayudas de estudios, libros y comedor se han suprimido o restringido tanto que solamente se puede tener acceso a las mismas si se está en riesgo de exclusión social, lo que pone en serios aprietos a las familias más desprotegidas (desempleados), ya que no tienen recursos para la compra del material (especialmente los libros de texto). La eliminación o restricción de las ayudas de comedores complicará la búsqueda de empleo a los parados, sobre todo a las familias monoparentales, cada vez más habituales. Todavía más grave es la situación del alumnado universitario o FP cuya posibilidad de continuar con su formación estará absolutamente asociada a los recursos financieros de los padres después del brutal incremento de las matriculaciones y la restricción de las becas de estudios.
No hay ciudadanos más vulnerables que los dependientes, también a estos se les recorta derechos, se reducen prestaciones económicas, aumenta el copago, y además a sus cuidadores no profesionales, generalmente familiares que dedican su vida al cuidado de estas personas, abandonando el mercado laboral, las obligaciones de cotización que se les quiere imponer les imposibilitará que el tiempo dedicado a estos cuidados se reconozca como tiempo trabajado a efectos de futuras pensiones.
Por todo ello, la Plataforma Social invita a toda la ciudadanía a participar en la marcha a Madrid convocada por la Cumbre Social, para el próximo 15 de septiembre
La Plataforma Social está compuesta por:
- CCOO, UGT - COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos - FAISS Federación Asociaciones Inspección de Servicios Sanitarios - ASOCIACIÓN DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES - Federación Asociaciones en Defensa Sanidad Pública (FASPU) - Asoc. Unificada de Militares Españoles (AUME) - Asoc. Unificada Guardias Civiles (AUGC) -Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) - Consejo de la Juventud de España (CJE) - Federación Mujeres Separadas y Divorciadas - Unión Federal Policía (UFP)- Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR -Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) - Coordinadora ONG Desarrollo España -Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) - Sindicato Unificado de Policía (SUP) - Economistas Frente a la Crisis - FACUA - Consumidores en Acción -Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) - Colectivo Lorenzo Luzuriaga - Fundación Mujeres - Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) - Federación de Asociaciones de Mujeres de la Economía Social (ESFERA) - Asociación Mujeres Opañel - Federación Mujeres Progresistas -Unión de Guardias Civiles (UGC) - Amigos de la Tierra - ISCOD - UPA - Paz y Solidaridad - ARI PERU - Asociación Española Tecnicos de Radiología - Federación de Artistas del Estado Español - Movimiento Laico y Progresista - Plataforma 2015 y Más - Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) - Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica - Plataforma No Gracias - Asociación de Técnicos de Laboratorio (AETEL) - ACSUR - Las Segovias - Liga Española de la Educación y la Cultura Popular -Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) -Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) - Las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción - Fundación Educación y Ciudadania -ATTAC - Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES) - Asociación Progresista de España - Secretaría de Comités Oscar Romero del Estado Español - Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) - Fundación Triángulo -Redes Cristianas - Socialismo 21 - UATAE - UPTA - MPDL - Consejo General de Trabajado Social - Bases en Red
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