AFÍLIATE. CCOO tu mejor seguro laboral

• 4.969 consultas, 921 expedientes presentados en los Juzgados y 127 denuncias ante la Inspección de trabajo.
• Un sindicato visible, cercano a los trabajadores y a la afiliación de CCOO

La reforma laboral no solo no esta frenando la caída de despidos, sino que por el contrario, como se desprende del informe presentado por el Sindicato de comercio, hostelería, turismo y juego de CCOO de Madrid, el 69% de las demandas presentadas son por motivo de despido, expedientes de regulación, conflictos colectivos o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, el 18% relacionadas con reclamaciones salariales y el 13% demandas de derechos.

La influencia de la Asesoría Jurídica de CCOO de Madrid se constata por el número de consultas que atiende, el número de demandas que se tramitan, y el número de denuncias puestas ante la Inspección de trabajo, lo que hace que la interlocución sindical se potencia y se incrementa como consecuencia del asesoramiento y la presencia de nuestros asesores y abogados, en todos los ámbitos. En lo que va del año 2013 los servicios jurídicos ha atendido 4.969 consultas, 921 expedientes presentados en los Juzgados y 127 denuncias ante la Inspección de trabajo.

CCOO se vuelca en extender la protección jurídica, individual y colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el referente principal para miles de personas que encuentran protección y defensa de sus derechos laborales y sociales, así como una solución de los conflictos colectivos, en los cuales, intervienen profesionales del derecho, abogados y asesores jurídicos con una gran experiencia y eficacia laboral.

Según los responsables de CCOO de Madrid el sindicato está realizando esfuerzos para adaptarse a la crisis, ofertar unas minutas y cuotas que se adapten a las posibilidades de los trabajadores y trabajadoras, en el cual los servicios jurídicos son un servicio fundamental para los afiliados de CCOO.

En un sector compuesto mayoritariamente por empresas pequeñas (PYMES) y con unos niveles salariales muy bajos, el 44% de los trabajadores manifiestan que la afiliación es la mejor protección de sus interese y de la mejora de sus derechos. A pesar de la fuerte campaña orquestada por los poderes reaccionarios de la derecha, los trabajadores manifiestan su confianza en afiliarse a CCOO como garantía de protección ante las leyes.

A la calle por el derecho al aborto

Este viernes, 27 de septiembre, a las 19 horas, el Movimiento Feminista de Madrid, del que forma parte CCOO de Madrid, ha convocado una manifestación en defensa del derecho al aborto. Desde la glorieta de San Bernardo a la Puerta del Sol. El sábado 28 habrá un acto en Red de San Luis (Montera con Gran Vía, Madrid), bajo el lema "Decidir nos hace libres"

A la calle por el derecho al aborto

Bajo los lemas "Nosotras decidimos y nosotros apoyamos. Fuera el aborto del Código Penal", el sindicato llama a movilizarse con la reforma de la ley del aborto que el gobierno pretende imponer y que atenta claramente contra los derechos de las mujeres.

Manifiesto del Movimiento Feminista de Madrid

ABORTO LIBRE, NOSOTRAS DECIDIMOS

Con motivo del 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización del aborto, nos sumamos a la lucha con nuestras compañeras feministas del resto de territorios del Estado. América Latina y el Caribe, llamando a la movilización ciudadana para reclamar respeto a los derechos sexuales y reproductivos, así como afirmar nuestra defensa del aborto libre y el derecho a decidir.

Reclamar aborto libre significa que no se puede cuestionar la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como sujetos capaces de decidir sobre sus vidas y el ejercicio de la maternidad (decidir ser madres o no serlo). Las mujeres somos personas autónomas, responsables, libres e iguales y, como tales, exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Exigimos que la sociedad respete y el estado garantice su decisión sin discriminación ni limitación por situación administrativa (con o sin papeles), capacidad económica, diversidad funcional, cultural, edad, opción u orientación sexual.

Denunciamos que el contexto de crisis está siendo aprovechado por ideologías conservadoras y ultracatólicas, con el Ministro de Justicia Gallardón a la cabeza, para imponernos un programa muy claro de recorte, tanto a nivel económico como de derechos, la restricción del derecho al aborto de Gallardón es un política más de ataque a nuestros derecho sexuales y reproductivos. Por un lado pretenden prohibir abortar a aquellas mujeres que no quieren ser madres y, en paralelo, Ana Mato, ministra de Sanidad, excluye a mujeres solas y parejas de lesbianas del acceso a la reproducción asistida en el sistema público sanitario. Esto se suma a la una inaceptable exclusión de migrantes en situación irregular, paradas de larga duración, desahuciadas y otras precarias del sistema público sanitario, que les impide ser atendidas en ginecología.

Denunciamos las pocas garantías dadas a las mujeres en su decisión de abortar y también la de ser madres, con recortes en ayudas a la maternidad, en educación, en becas de comedores escolares, con el aumento de la malnutrición infantil. Sumados a los recortes en dependencia, sanidad y un largo etc., que nos hace preguntarnos de que vida hablan cuando hablan de la vida.

Por ello exigimos:

Que la interrupción voluntaria del embarazo deje de estar tipificada como delito en el Código Penal y pase a ser regulada como el derecho de todas, pero todas, todas, todas, a interrumpir un embarazo no deseado y a decidir sobre su maternidad, sus vidas y sus cuerpos.

Que el aborto y el acceso a la reproducción asistida sean garantizados como prestación de la red sanitaria pública, de forma accesible, gratuita y con todas las garantías de seguridad y calidad, independientemente del origen, edad, orientación sexual o situación administrativa de quien lo reclame.

Animamos a los facultativos a que ejerzan la objeción de conciencia ante cualquier normativa que restrinja la atención sanitaria por razones administrativas.

Exigimos que se garantice el acceso universal y por igual a la sanidad pública y, con ello, el cese a la discriminación institucional motivada por racismo, xenofobia, lesbo/homofobia y misoginia.

Fomentar y garantizar el acceso a una educación afectivo-sexual  libre de estereotipos sexistas, sana y placentera. Frente a medidas educativas como la ley Wert que impulsa la religión dentro de la escuela mientras la educación sexual con personal cualificado está excluida de las aulas.

Regular la objeción de conciencia, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria de embarazo dentro de la sanidad pública.

Las mujeres no necesitamos tutelajes ni paternalismos de nadie. Por eso salimos a la calle para reclamar que:

LAS MUJERES DECIDEN, EL ESTADO GARANTIZA, LA SOCIEDAD RESPETA
Y LA IGLESIA NO INTERVIENE

El presidente del TC decidirá sobre la constitucionalidad de la reforma laboral que recoge sus propias propuestas

"Obviamente la opinión del presidente del Tribunal Constitucional no va a ser favorable al recurso de inconstitucionalidad propuesto por los sindicatos sobre la reforma laboral", ha afirmado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, en relación a la noticia de que Pérez de los Cobos había plasmado en un artículo de 2010 las principales medidas que serían aprobadas en la reforma laboral de 2012 por el Gobierno del PP, y sobre la que deberá pronunciarse ahora el TC.

Ramón Górriz

“No nos sorprende lo que dice en el artículo”, ha asegurado Ramón Górriz, que ha recordado que Pérez de los Cobos ha sido durante años asesor en temas laborales del PP, y que el otro firmante del artículo, Xavier Thibault, ha tenido como Director General de Trabajo una responsabilidad directa en la reforma laboral. Reforma que, ha dicho, perjudica a los trabajadores y trabajadoras al “incrementar el poder empresarial,  devaluar los salarios y debilitar la negociación colectiva”.

Para Górriz, más allá de lo llamativo de que el presidente del TC tenga que pronunciarse sobre una ley que recoge sus propias propuestas, la situación pone de manifiesto la necesidad de abrir un debate sobre el papel del propio Tribunal, y en este sentido ha demandado que los sindicatos puedan presentar directamente recursos de inconstitucionalidad sin intermediarios, en alusión a la institución del Defensor del Pueblo.